El ecosistema tecnológico del transporte urbano en Estados Unidos se encuentra nuevamente bajo el foco de las autoridades y consumidores, luego de que un grupo de aplicaciones de taxi fuera demandado por presuntamente coordinarse con Uber para mantener tarifas elevadas y reducir la competencia en el mercado de viajes por aplicación.
La demanda, presentada este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, acusa a Curb Mobility, Flywheel Technologies, Creative Mobile Technologies (CMT) y ARRO, filial de CMT, de violar las leyes antimonopolio al establecer acuerdos comerciales con Uber que habrían permitido sincronizar precios entre taxis tradicionales y viajes solicitados a través de Uber.
Un “mercado manipulado” que afecta a millones de usuarios
El demandante, un residente de Nueva York, solicita que el caso sea certificado como una demanda colectiva que represente a millones de pasajeros en al menos seis ciudades grandes:
Nueva York, Chicago, San Francisco, Boston, Seattle y Washington D.C.
Según la presentación judicial, la integración tecnológica entre estas empresas y Uber habría generado “precios uniformes o casi uniformes” entre:
- viajes en Uber,
- taxis reservados por medio de Uber, y
- taxis solicitados a través de las aplicaciones Curb, Flywheel, ARRO y otras asociadas.
Los abogados aseguran que esta uniformidad de precios es incompatible con un mercado competitivo, donde los consumidores deberían beneficiarse de tarifas más bajas ofrecidas por servicios rivales.
Silencio de las empresas implicadas
Un portavoz de Curb señaló que la compañía no hace comentarios sobre litigios activos, mientras que Creative Mobile Technologies y Flywheel Technologies no respondieron de inmediato a solicitudes de posicionamiento.
Uber, que curiosamente no figura como demandada, tampoco respondió.
La acusación: de competencia a cooperación que favorece precios altos
El abogado del demandante, Kyle Roche, afirmó que la intención principal de la acción legal es “restaurar un mercado justo y responsabilizar a las empresas por sus prácticas”.
La demanda hace un repaso de la evolución del mercado desde la llegada de Uber en 2009, cuando la empresa revolucionó el transporte urbano al ofrecer un sistema de precios flexible, transparente y, sobre todo, competitivo frente a los taxis tradicionales.
Con el tiempo, y ante la presión de Uber, múltiples ciudades implementaron regulaciones que permitieron a los taxis igualar algunas ventajas tecnológicas de la plataforma—como tarifas visibles antes del viaje y métodos de pago digitales—facilitadas a través de aplicaciones como Curb o ARRO.
Sin embargo, según alega la demanda, en lugar de continuar compitiendo, las apps de taxi habrían optado por una alianza con Uber, consolidada en 2022, que permitió que los taxis fueran integrados directamente en la plataforma de Uber. Esa integración —que en una primera instancia fue anunciada como un avance positivo para pasajeros y conductores— habría tenido el efecto opuesto: reducir la competencia y elevar los precios.
El supuesto cártel de ride-hailing
La denuncia sostiene que, al sincronizar tarifas y coordinar tecnologías, las empresas “cedieron su impulso competitivo a cambio del acceso a la escala y los ingresos de Uber”.
Esto habría permitido a la compañía mantener su dominio en el mercado al eliminar la presión que las aplicaciones de taxi aún podían ejercer para ofrecer precios menores.
El documento acusa a las compañías de formar un “cártel de transporte por aplicación”, una estructura que:
- eleva los precios de las tarifas,
- limita las opciones disponibles para los pasajeros,
- reduce la transparencia en el mercado, y
- afianza la posición dominante de Uber.
Lo que busca la demanda
El demandante solicita a la corte:
- indemnizaciones económicas por los sobrecostos pagados por los consumidores,
- una orden judicial que obligue a restablecer condiciones competitivas reales en el mercado de transporte urbano, y
- medidas que eviten futuras colaboraciones que puedan restringir la competencia.
El caso podría tener repercusiones significativas para la industria, especialmente si el tribunal decide avanzar con la certificación colectiva. De prosperar, millones de usuarios tendrían derecho a reclamar compensaciones por presuntas prácticas que, de acuerdo con los abogados, habrían encarecido injustificadamente los viajes durante los últimos años.
