Santa Clara, California. Uber, una de las empresas de transporte por aplicación más grandes del mundo, se encuentra en el centro de una creciente tormenta legal, política y financiera. Legisladores, inversionistas, autoridades estatales y organizaciones de defensa de víctimas exigen que la compañía sea responsabilizada por agresiones sexuales y actos de violencia ocurridos durante los viajes realizados a través de su plataforma.
Actualmente, Uber enfrenta más de 3.000 demandas por agresión sexual en tribunales de todo Estados Unidos. Sin embargo, la empresa sostiene que no es legalmente responsable de los actos de sus conductores, ya que estos están clasificados como contratistas independientes y no como empleados directos.
Revelaciones que intensificaron la crisis
El escrutinio nacional sobre Uber se intensificó tras una investigación publicada por The New York Times el pasado mes de agosto. De acuerdo con documentos judiciales sellados, la compañía recibió reportes de agresión sexual o conducta sexual inapropiada en promedio cada ocho minutos en Estados Unidos entre los años 2017 y 2022. Esta cifra revela una magnitud del problema significativamente mayor a la que Uber había reconocido públicamente.
Según el reportaje, en lugar de reforzar de manera sustancial los mecanismos de seguridad —como verificaciones de antecedentes más estrictas o la eliminación inmediata de conductores con múltiples denuncias—, Uber optó por expandir agresivamente su negocio, lo que implicó reclutar a más conductores para cubrir la creciente demanda del servicio.
La investigación del Times también concluyó que los controles de antecedentes de Uber permitieron que personas con condenas penales continuaran conduciendo para la plataforma. Asimismo, se detectó que conductores con historiales de quejas por parte de pasajeros siguieron activos, pese a los riesgos potenciales que ello representaba.
Presión política de costa a costa
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Desde California hasta Nueva York y Washington, Uber enfrenta una presión cada vez más organizada para que rinda cuentas.
En enero de 2026, el fiscal general de California propuso una iniciativa electoral que podría transformar radicalmente el marco legal del sector. De aprobarse, la medida haría a las empresas de transporte por aplicación legalmente responsables de casos de agresión sexual y mala conducta, tanto contra pasajeros como contra conductores.
La iniciativa busca reclasificar a las compañías de viajes compartidos como “transportistas comunes”, una categoría legal que incluye a taxis, trenes y autobuses. Bajo esta figura, Uber tendría la obligación explícita de proteger a los pasajeros, advertir sobre peligros conocidos y aplicar estándares más estrictos de seguridad.
Inversionistas exigen transparencia
La presión también proviene del ámbito financiero. En Nueva York, el contralor del estado ha instado al consejo directivo de Uber, a través de los accionistas, a publicar un informe de transparencia que detalle de forma exhaustiva cómo la empresa supervisa la seguridad de los pasajeros y qué medidas adopta frente a denuncias de agresión o conducta indebida.
Para los inversionistas institucionales, el creciente número de demandas representa no solo un problema ético y social, sino también un riesgo financiero y reputacional que podría afectar el valor de la compañía a largo plazo.
Críticas desde el Congreso
En Washington, la controversia ha llegado al Congreso. La representante Debbie Dingell envió una carta al director ejecutivo de Uber en la que denunció que la empresa ha priorizado sistemáticamente sus ganancias por encima de la seguridad de los usuarios.
“Es extremadamente perturbador que la falta de actualizaciones adecuadas en las políticas y la ausencia de acciones significativas en momentos críticos hayan llevado a agresiones que podrían haberse prevenido”, escribió Dingell.
La congresista adelantó que sus próximos pasos incluyen la convocatoria de una audiencia en el Congreso y la exploración de nueva legislación federal destinada a regular con mayor rigor a las plataformas de transporte.
La estrategia legal de Uber
Mientras tanto, Uber continúa defendiendo su postura en los tribunales. En un juzgado de Phoenix, donde se ventila uno de los miles de casos por agresión sexual, la empresa argumentó que no puede ser considerada responsable de los actos cometidos por sus conductores, dado que estos no son empleados, sino contratistas independientes, según reportó Courthouse News.
La clasificación laboral ha sido un pilar central del éxito económico de Uber, ya que le permite evitar costos significativos asociados a beneficios laborales, seguros y responsabilidades legales. No obstante, esta estrategia ha sido cuestionada durante más de una década por conductores que han demandado a la empresa para ser reconocidos como empleados.
Fallos judiciales y reacciones
En septiembre pasado, un jurado en un tribunal estatal de California determinó que Uber no era responsable de una agresión sexual que una mujer afirmó haber sufrido durante un viaje en 2016. Tras el fallo, el abogado de la demandante calificó la decisión como “un día triste para las víctimas de abuso sexual en todo el país”.
Por su parte, un portavoz de Uber respondió que la compañía “ha trabajado durante años para elevar los estándares de seguridad y continuará haciéndolo”, reiterando su compromiso público con la protección de los usuarios.
Un futuro incierto para la empresa
A medida que se acumulan las demandas, las investigaciones periodísticas y las iniciativas legislativas, Uber enfrenta un futuro marcado por la incertidumbre. El debate sobre responsabilidad corporativa, seguridad de los pasajeros y clasificación laboral podría redefinir no solo el modelo de negocio de la empresa, sino también el de toda la industria del transporte por aplicación en Estados Unidos.
