Washington, D.C. — La administración del expresidente Donald Trump ha propuesto una nueva política migratoria que podría impedir la entrada a Estados Unidos de una gran cantidad de inmigrantes patrocinados por sus familias. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ampliaría significativamente las definiciones de “carga pública”, otorgando a funcionarios consulares mayor discreción para negar visas y solicitudes de residencia a quienes consideren susceptibles de depender de beneficios gubernamentales.
Pese a su alcance, expertos advierten que la propuesta omite evidencia clave. Investigaciones recientes demuestran que los inmigrantes que llegan mediante procesos familiares suelen experimentar un rápido crecimiento económico, tienen baja probabilidad de recibir asistencia pública y hacen contribuciones fiscales positivas a largo plazo.
Una política con impacto directo en la reunificación familiar
El DHS publicó la propuesta en el Registro Federal el 19 de noviembre, en la cual plantea reemplazar la normativa vigente —establecida durante la administración Biden— por una versión más amplia y estricta. La medida busca “evaluar todos los hechos pertinentes” para determinar si un inmigrante podría convertirse en carga pública, aun cuando la legislación actual ya exige que el solicitante pase por evaluaciones basadas en edad, salud, recursos económicos, educación y una declaración de sostenimiento firmada por un patrocinador estadounidense.
La propuesta no incluye datos que indiquen que la política actual esté incentivando la inmigración por acceso a beneficios públicos. Además, el propio DHS reconoce que los inmigrantes no tienen acceso a programas federales de asistencia durante sus primeros cinco años en el país y que los patrocinadores están obligados a reembolsar cualquier gasto público relacionado.
Analistas legales advierten que, si se implementa, la nueva regla podría resultar en cientos de miles de negaciones adicionales cada año, afectando en mayor medida a ciudadanos estadounidenses que buscan traer a sus cónyuges, hijos o familiares cercanos.
Nuevas restricciones desde el Departamento de Estado
De manera paralela, el Departamento de Estado emitió instrucciones a funcionarios consulares para negar visas a personas con ciertas condiciones médicas —como obesidad o diabetes— si consideran que podrían convertirse en carga pública. Según reportaron fuentes internas al Washington Post, la directriz forma parte de un esfuerzo del liderazgo de la agencia para reducir la inmigración y ralentizar el sistema.
En junio de 2025, la administración también emitió una proclamación que bloquea la entrada de inmigrantes provenientes de 19 países, salvo en casos de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. La medida añadió un nuevo requisito: los solicitantes deberán presentar “pruebas claras y convincentes” de su parentesco, incluso exigiendo evidencia genética.
Investigaciones contradicen el fundamento de la política
Un nuevo análisis de la National Foundation for American Policy, realizado por el economista Mark Regets, sostuvo que la propuesta se basa en suposiciones incorrectas sobre el comportamiento económico de los inmigrantes familiares. Entre los hallazgos:
- Los inmigrantes que llegan mediante peticiones familiares aumentan sus ingresos en 76% durante los primeros 12 años en EE. UU., una mejora tres veces mayor que la de ciudadanos nacidos en el país.
- Presentan menores tasas de encarcelamiento y menor uso de asistencia pública que los estadounidenses de la misma edad.
- Mejoran sus niveles educativos y su dominio del inglés con el tiempo.
- Su participación laboral supera a la de los nativos: solo 1.6% recibió ingresos de asistencia pública entre 2021 y 2023.
El economista Michael Clemens, de la Universidad George Mason, concluye que incluso los inmigrantes con menor preparación generan beneficios fiscales positivos, estimando que un inmigrante reciente sin secundaria aporta, en promedio, $128,000 en saldo fiscal neto a lo largo de su vida, cifra que asciende a $326,000 cuando se incluyen hijos y nietos.
Reacciones en el Congreso
La congresista María Elvira Salazar (R-FL) señaló que los datos confirman la importancia económica de la inmigración familiar y defendió su proyecto de ley, la Ley de Dignidad de 2025, que busca reducir atrasos migratorios y fortalecer la unidad familiar como principio central del sistema de inmigración.
Actualmente, más de 3.8 millones de personas esperan un cupo en las categorías de preferencia familiar. En algunos casos, los tiempos de espera superan las dos décadas.
Un modelo económico claro: los inmigrantes avanzan rápido
Según Regets, los inmigrantes familiares suelen comenzar con salarios bajos, pero se adaptan de manera dinámica: cambian de empleo, estudian, obtienen nuevas credificaciones y se integran al mercado laboral estadounidense de forma acelerada. Para el economista, esa flexibilidad “genera dinamismo en la economía de EE. UU. y beneficia tanto a consumidores como a empleadores.”
