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Madre del sobrino de Karoline Leavitt es detenida por agentes de inmigración en medio de nuevas redadas federales

26 de noviembre de 2025 — Estados Unidos.
Bruna Ferreira, madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Revere, Massachusetts, como parte del actual endurecimiento de políticas migratorias de la administración Trump.

26 de noviembre de 2025 — Estados Unidos.
Bruna Ferreira, madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Revere, Massachusetts, como parte del actual endurecimiento de políticas migratorias de la administración Trump.

Ferreira, originaria de Brasil y residente en el área de Boston desde la infancia, fue arrestada mientras salía de su casa para recoger a su hijo en New Hampshire. Según relató su hermana al Boston Globe, su vehículo fue “rodeado” por agentes que le exigieron identificación, la cual no portaba en ese momento. “No fueron gentiles con ella”, aseguró.

La detenida, de 33 años, mantiene un hijo de 11 años con Michael Leavitt, hermano de la actual secretaria de prensa. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que ambos no mantienen relación desde hace años y que el menor vive permanentemente con su padre en New Hampshire.

ICE confirmó que Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Luisiana y que enfrenta procesos de deportación, señalando que tenía “una previa detención por agresión” y que había excedido su estadía tras entrar a EE.UU. con una visa de turista en 1999.

Su familia asegura que Ferreira ha mantenido estatus migratorio bajo DACA, programa que otorga protección temporal a quienes llegaron de niños. Su abogado afirma que estaba en medio de un proceso legal hacia la ciudadanía. Una campaña de GoFundMe creada por su hermana ha recaudado más de $16,000 para cubrir gastos legales.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que, bajo la administración actual, “todas las personas presentes ilegalmente en el país están sujetas a deportación”, incluyendo beneficiarios de DACA, quienes —según el DHS— “no están automáticamente protegidos”.

El caso ha resaltado nuevamente los vínculos personales y comunitarios impactados por la política migratoria federal, mientras organizaciones defensoras alertan sobre el creciente número de detenciones, incluso entre jóvenes migrantes previamente amparados por DACA.

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