El fiscal general de Texas demanda al condado de Houston por asistir con $1.3 millones a inmigrantes

Ken Paxton acusa al Harris County Commissioners Court de violar la constitución estatal al financiar defensa legal para detenidos de inmigración

Houston, Texas — El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra Harris County (Texas) alegando que la financiación de 1.300.000 dólares para el programa de asistencia legal a inmigrantes detenidos viola la cláusula que prohíbe los “regalos públicos” en la constitución estatal.

Según la demanda, el condado aprobó el 16 de octubre la extensión del contrato con cinco organizaciones sin ánimo de lucro que operan el programa Immigrant Legal Services Fund (ILSF), creado en noviembre de 2020, que brinda asistencia legal a inmigrantes detenidos en centros federales de inmigración.

Paxton describe el programa como “malvado y perverso”, argumentando que los fondos públicos no deberían respaldar lo que él considera una política contraria a la aplicación de las leyes de inmigración federales.

Por su parte, el abogado del condado, Christian Menefee, calificó la demanda de “truco político barato” y defendió la legalidad del programa, enfatizando que ayuda a aliviar costes al estado y evita detenciones prolongadas que recaen sobre los contribuyentes.

El programa ILSF está limitado a personas que sean residentes actuales o futuras de Harris County, detenidas por la U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE) y cuyos ingresos estén por debajo del 80 % del ingreso familiar medio del condado

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La demanda solicita una medida cautelar para impedir que el condado designe los fondos a partir del 1 de enero siguiente

Por qué es relevante:

• Refleja la tensión en Texas entre autoridades estatales que favorecen políticas migratorias rígidas y gobiernos locales que implementan programas de apoyo a migrantes.
• Tiene implicaciones directas para miles de inmigrantes detenidos en Texas que podrían perder acceso a representación legal clave en sus trámites con ICE.
• Plantea un debate sobre el uso de fondos públicos para asistir a personas en procesos migratorios y cómo se define el “beneficio público” en ese contexto.