Un juez federal en Illinois ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinar si cientos de inmigrantes detenidos en recientes redadas en la zona de Chicago deben ser liberados bajo fianza, luego de que sus arrestos pudieran haber violado un acuerdo judicial previo que limita las acciones de las autoridades migratorias.
La decisión, emitida por la jueza Cummings, representa uno de los reveses legales más significativos hasta el momento para la administración de Donald Trump en su renovada ofensiva contra la inmigración irregular en el país. Según el fallo, el DHS deberá revisar caso por caso las detenciones realizadas y presentar un informe ante la corte con las conclusiones sobre qué personas podrían ser liberadas mientras esperan sus audiencias de inmigración.
El tribunal considera que los arrestos masivos efectuados en las últimas semanas por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían haber violado un “consent decree” firmado hace años entre el gobierno federal y organizaciones civiles. Ese acuerdo establecía límites específicos para las operaciones migratorias, especialmente en zonas residenciales o lugares de trabajo, con el fin de proteger los derechos de inmigrantes sin historial criminal.
De acuerdo con fuentes judiciales, varios detenidos fueron arrestados sin orden judicial y sin ser informados de sus derechos, lo que podría invalidar una parte de los procedimientos migratorios. “El gobierno no puede actuar al margen de los acuerdos judiciales ni violar los derechos básicos de las personas bajo su custodia”, expresó la jueza Cummings durante la audiencia.
Grupos de defensa de los inmigrantes celebraron el fallo como un triunfo del debido proceso y los derechos humanos, señalando que muchas de las personas detenidas son trabajadores con años de residencia en el país, padres de familia y solicitantes de asilo sin antecedentes penales. Por su parte, activistas conservadores y voceros republicanos calificaron la orden como un obstáculo a la aplicación efectiva de las leyes de inmigración y acusaron a los tribunales de “politizar” el sistema judicial.
En los últimos meses, Chicago se ha convertido en un foco de tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales. La ciudad, considerada un “santuario” para inmigrantes, ha rechazado colaborar con las redadas federales, lo que ha generado choques políticos con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
De confirmarse las irregularidades, el fallo podría llevar a la liberación inmediata de cientos de inmigrantes actualmente retenidos en centros de detención del área metropolitana de Chicago, además de sentar un precedente para casos similares en otros estados.
La orden judicial también envía un mensaje claro a la administración Trump: los tribunales seguirán vigilando que las políticas migratorias se ejecuten dentro de los límites constitucionales y con respeto al debido proceso legal.
