El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil por 125 millones de dólares contra Uber Technologies, Inc., acusando a la empresa de transporte bajo demanda de mantener prácticas discriminatorias reiteradas contra personas con discapacidad, en violación directa de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
La acción legal, dada a conocer por CBS News, sostiene que Uber habría negado de forma sistemática el acceso a sus servicios a usuarios con discapacidad, especialmente a aquellos que dependen de animales de asistencia, sillas de ruedas plegables y otros dispositivos de movilidad, además de imponer cargos indebidos que agravan la exclusión de este sector de la población.
Prácticas discriminatorias denunciadas por el gobierno federal
De acuerdo con el documento judicial revisado por CBS News, Uber habría aplicado tarifas de limpieza por el pelaje de animales de servicio, una práctica expresamente prohibida por la ADA, así como cargos de cancelación a pasajeros que fueron rechazados por conductores, aun cuando la negativa de servicio era ilegal.
El DOJ argumenta que estas acciones no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón recurrente que demuestra la falta de controles efectivos dentro de la plataforma y la ausencia de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la legislación federal en materia de accesibilidad.
La demanda también señala que Uber no realizó modificaciones sustanciales en sus protocolos operativos ni proporcionó capacitación suficiente a sus conductores, lo que derivó en situaciones en las que pasajeros con discapacidad sufrieron retrasos prolongados, perdieron citas médicas y laborales, o quedaron varados en la vía pública bajo lluvia, frío extremo u otras condiciones climáticas adversas.
Dependencia creciente del transporte compartido
El Departamento de Justicia subrayó que Uber ocupa una posición dominante en el mercado de movilidad bajo demanda en Estados Unidos, lo que incrementa su responsabilidad social y legal. Según el texto judicial, millones de personas con discapacidad dependen cada vez más de plataformas como Uber para acceder a servicios esenciales, incluyendo atención médica, empleo, educación, lugares de culto y actividades comunitarias.
“La negación de un viaje puede significar mucho más que un inconveniente: puede representar la pérdida de una oportunidad laboral, una consulta médica crítica o la imposibilidad de regresar a casa de manera segura”, enfatiza la denuncia.
Testimonios y quejas de los usuarios afectados
La demanda agrupa más de una docena de testimonios de pasajeros con discapacidad que relatan experiencias similares. Entre ellos se incluyen personas ciegas que afirman haber sufrido rechazos reiterados por viajar con perros guía, a pesar de haber informado a los conductores sobre la naturaleza del animal de servicio.
Asimismo, usuarios que emplean sillas de ruedas o dispositivos de apoyo a la movilidad denunciaron que algunos conductores se negaron a ayudarlos a abordar el vehículo o a guardar sus equipos, incluso cuando estos eran plegables y compatibles con el servicio.
Estas experiencias, sostiene el DOJ, evidencian un entorno hostil y excluyente que contradice los principios de igualdad de acceso establecidos por la ADA.
Respuesta oficial de Uber
Ante las acusaciones, Uber rechazó categóricamente las afirmaciones del Departamento de Justicia. En un comunicado citado por CBS News, la empresa afirmó que mantiene una política clara y estricta en favor de la accesibilidad, y que todos los conductores deben comprometerse expresamente a cumplir las normas relacionadas con animales de servicio y asistencia a personas con discapacidad.
Uber aseguró que los conductores que incumplen estas políticas pueden enfrentar acciones disciplinarias severas, incluida la desactivación permanente de sus cuentas. Además, destacó que invierte de manera continua en programas de formación, herramientas tecnológicas y canales de atención especializados, como una línea telefónica de atención 24/7 dedicada exclusivamente a gestionar denuncias por rechazo de animales de servicio.
“Los usuarios que viajan con perros guía u otros dispositivos de asistencia merecen una experiencia segura, digna y respetuosa. En Uber no hay espacio para la discriminación”, señaló la empresa, al tiempo que manifestó su desacuerdo fundamental con la demanda presentada por el DOJ.
Antecedentes legales y compromisos incumplidos
El Departamento de Justicia recordó que Uber ya ha enfrentado litigios similares en el pasado. En una demanda anterior, el gobierno federal acusó a la empresa de cobrar tarifas adicionales a usuarios con discapacidad que necesitaban más tiempo para abordar los vehículos, aun cuando dichas demoras eran consecuencia directa de su condición física.
Ese proceso concluyó en 2022 con un acuerdo mediante el cual Uber se comprometió a indemnizar a más de 65.000 usuarios afectados y a revisar ciertas prácticas internas. Sin embargo, la nueva demanda sugiere que los compromisos asumidos no fueron suficientes para erradicar los problemas de fondo.
Lo que exige el Departamento de Justicia
La demanda solicita al tribunal una orden judicial permanente que obligue a Uber a cesar cualquier práctica discriminatoria, actualizar sus políticas internas para alinearlas plenamente con la ADA y establecer programas obligatorios de capacitación para conductores y personal administrativo.
Además, el DOJ exige que Uber indemnice a los pasajeros perjudicados y pague una multa civil destinada a proteger el interés público y disuadir futuras violaciones a la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad.
Harmeet K. Dhillon, asistente del fiscal general de la División de Derechos Civiles, declaró:
“Durante demasiado tiempo, los usuarios ciegos han sufrido reiteradas negativas de viaje por parte de Uber por el simple hecho de viajar con un perro de servicio. Esta demanda busca poner fin a esta discriminación persistente y hacer cumplir la promesa de la ADA de igualdad de oportunidades y plena participación en la sociedad estadounidense, incluido el acceso al transporte”.
Un caso con implicaciones nacionales
El caso contra Uber podría sentar un precedente importante para toda la industria del transporte compartido en Estados Unidos. Expertos legales señalan que una eventual sentencia favorable al gobierno federal obligaría a las plataformas tecnológicas a reforzar sus mecanismos de supervisión y responsabilidad, garantizando que la innovación no avance a costa de los derechos civiles.
Mientras el proceso judicial avanza, organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad han reiterado la necesidad de que el acceso al transporte sea tratado como un derecho básico y no como un privilegio condicionado.
