Un total de 21 estados de Estados Unidos, junto con el Distrito de Columbia, se unieron formalmente a la demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Uber, intensificando la presión legal sobre la empresa de transporte y tecnología. La acción legal acusa a la compañía de aplicar cargos no autorizados a consumidores a través de su servicio de suscripción Uber One y de implementar prácticas que dificultan significativamente la cancelación del servicio.
La demanda enmendada, presentada este lunes, sostiene que Uber inscribió a usuarios en Uber One sin su consentimiento explícito, además de cobrarles antes de que finalizara el período de prueba gratuito. Según los fiscales estatales, estas acciones vulneran principios básicos de transparencia y consentimiento informado, pilares fundamentales de las leyes de protección al consumidor en Estados Unidos.
El documento judicial también señala que Uber habría difundido afirmaciones engañosas sobre los supuestos ahorros que los usuarios obtendrían al suscribirse a Uber One. Estas promesas, de acuerdo con la denuncia, no siempre se reflejaban en beneficios reales, lo que habría inducido a error a millones de consumidores que confiaron en la publicidad del servicio.
Uno de los puntos más críticos de la demanda es el proceso de cancelación de la suscripción. Según la FTC y los estados demandantes, los usuarios debían atravesar un sistema excesivamente complejo, que podía requerir navegar por hasta 23 pantallas distintas y completar 32 acciones antes de lograr cancelar el servicio, una práctica conocida como “patrones oscuros” en el diseño digital.
Las autoridades consideran que este tipo de estrategias están diseñadas deliberadamente para desalentar la cancelación de suscripciones y mantener ingresos recurrentes, incluso cuando los usuarios ya no desean el servicio. Este enfoque ha sido cada vez más cuestionado por los reguladores, en medio del crecimiento acelerado de los modelos de suscripción digital.
Los estados que se han sumado a la demanda son Alabama, Arizona, California, Connecticut, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin, además del Distrito de Columbia. La amplitud geográfica de la coalición refleja la magnitud del impacto que el caso podría tener a nivel nacional.
De acuerdo con un comunicado oficial, la demanda enmendada incluye una solicitud de sanciones civiles por presuntas violaciones a la Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA), una ley federal diseñada para proteger a los consumidores de cobros en línea no autorizados, así como de diversas leyes estatales de protección al consumidor.
Uber rechazó las acusaciones cuando la FTC presentó la demanda original. En un comunicado enviado al medio especializado The Verge, la empresa afirmó que ha realizado cambios en su plataforma y que actualmente las cancelaciones de Uber One pueden realizarse en cualquier momento desde la aplicación, tardando “20 segundos o menos” para la mayoría de los usuarios.
No obstante, los reguladores sostienen que las mejoras señaladas por la empresa no eliminan las posibles violaciones cometidas en el pasado ni el daño causado a los consumidores afectados. La FTC continúa recopilando información para determinar el alcance total de las prácticas denunciadas y las posibles sanciones correspondientes.
El caso contra Uber podría sentar un precedente clave en la regulación de los servicios de suscripción digital, especialmente en un contexto en el que cada vez más empresas dependen de este modelo de negocio. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro a la industria tecnológica sobre la importancia de la transparencia, el consentimiento y la facilidad de cancelación para los consumidores.
