En Estados Unidos, nuevos señalamientos de abuso y negligencia vuelven a sacudir el sistema de detención migratoria. Un grupo de inmigrantes detenidos en un centro administrado por la empresa privada GEO Group en California ha presentado denuncias federales acusando a un guardia, identificado como el “Teniente Quin”, de haber cometido repetidos actos de acoso y agresión sexual dentro de las instalaciones.
De acuerdo con los testimonios, el guardia habría citado a los detenidos durante la noche, llevándolos a una oficina sin cámaras de seguridad, donde presuntamente se producían los abusos. Uno de los inmigrantes relató que cuando intentó resistirse, “Quin” lo amenazó con presentar cargos por agresión a un oficial, advirtiéndole que si hablaba podría enfrentar consecuencias legales graves.
Lo más indignante para los denunciantes es que, lejos de ser investigado o suspendido, el oficial fue ascendido y posteriormente trasladado a otro centro de detención de ICE en el estado de Luisiana, también administrado por GEO Group. Esta compañía, con sede en Florida, ha sido señalada en numerosas ocasiones por malas condiciones, abusos físicos y psicológicos, y negligencia médica en sus instalaciones.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas la ACLU, Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, han exigido una investigación independiente sobre los hechos. “Estos casos no son aislados; forman parte de un sistema que prioriza el lucro sobre la seguridad y la dignidad humana”, declaró una vocera de la ACLU en Los Ángeles.
Las denuncias se suman a una larga lista de casos similares en cárceles privadas que operan bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En los últimos años, múltiples reportes han documentado agresiones sexuales, condiciones inhumanas y falta de supervisión en centros gestionados por corporaciones como GEO Group y CoreCivic, que generan millones de dólares anuales a costa de la detención de migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido criticado por mantener acuerdos con estas empresas a pesar de los reiterados señalamientos. Activistas y legisladores demócratas han pedido que el gobierno federal ponga fin al uso de cárceles privadas para la detención migratoria y que se establezcan mecanismos de vigilancia civil y transparencia.
Mientras tanto, los abogados que representan a las víctimas buscan que se presenten cargos penales contra el oficial acusado y que se indemnice a los afectados. En palabras de uno de los defensores legales:
“El abuso sexual dentro de los centros de detención es una tragedia silenciosa. Nadie debería ser humillado o violentado simplemente por buscar una oportunidad de vivir con dignidad en Estados Unidos.”
El caso promete reavivar el debate nacional sobre la privatización del sistema de detención migratoria y la falta de responsabilidad del gobierno en la protección de los derechos humanos dentro de sus propias instalaciones.
