Uber habría aprobado a conductores con antecedentes de delitos violentos en distintos estados de Estados Unidos, según una investigación reciente. El informe señala que, pese a las promesas públicas de mantener estrictos controles de seguridad, la empresa de transporte habría permitido el ingreso de personas con condenas por delitos como agresión, abuso infantil y acoso en hasta 22 estados del país.
De acuerdo con una investigación de The New York Times, la compañía limitó deliberadamente el alcance de sus verificaciones de antecedentes con el objetivo de acelerar su crecimiento y reducir costos. No obstante, Uber aclara que solo permite conducir en su plataforma a personas cuyas condenas ocurrieron hace más de siete años.
El reporte indica que, aunque Uber descalifica a solicitantes con delitos considerados de “máxima gravedad” —como homicidio, agresión sexual o terrorismo—, documentos internos revelan que los ejecutivos decidieron no ampliar estas restricciones. Además, el proceso de verificación presenta importantes vacíos geográficos: en 35 estados, las revisiones solo abarcan los lugares donde el solicitante ha residido recientemente, lo que deja fuera posibles delitos cometidos en otras regiones.
Según el medio estadounidense, estas limitaciones formarían parte de una estrategia para incorporar conductores de forma rápida. Al reducir los criterios de evaluación, Uber disminuye el tiempo y los costos asociados a la comprobación de antecedentes, priorizando la expansión de su red sobre estándares de seguridad más exhaustivos.
Un documento interno de la empresa, citado por el NYT, menciona casi dos docenas de medidas de seguridad que podrían haberse implementado. Sin embargo, las entrevistas presenciales fueron descartadas por su dificultad logística, mientras que los controles mediante huellas dactilares se consideraron costosos y lentos.
El informe también hace referencia a demandas y registros judiciales de mujeres que denunciaron haber sufrido agresiones sexuales durante viajes en Uber, alegando que las prácticas de selección de conductores las expusieron a situaciones de riesgo.
La respuesta de Uber
En declaraciones al New York Times, Hannah Nilles, jefa de seguridad de Uber para las Américas, afirmó que el límite de siete años para antecedentes penales “logra el equilibrio adecuado entre la seguridad pública y la oportunidad de que personas con antecedentes antiguos puedan trabajar y rehacer sus vidas”.
Nilles explicó que esta política se basa en investigaciones académicas que indican que, siete años después de un arresto, la probabilidad de reincidir es similar a la de una persona sin historial criminal. Añadió que una exclusión de por vida sería injusta para quienes ya cumplieron su condena.
No obstante, algunos expertos en seguridad señalaron que personas con delitos violentos no pueden trabajar en ámbitos como guarderías, escuelas o el cuidado de adultos mayores. También citaron estudios que muestran que muchos sospechosos de violación tenían antecedentes penales previos.
Por su parte, Nilles rechazó la comparación entre conducir para Uber y trabajar en el cuidado de niños o ancianos, y sostuvo que las verificaciones mediante huellas dactilares son “inexactas, ineficaces y discriminatorias”, mientras que las entrevistas presenciales podrían generar sesgos significativos.
