Phoenix, Arizona — Uber Technologies se enfrenta esta semana a un juicio en un tribunal federal de Phoenix por una demanda presentada por una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente por un conductor que solicitó a través de la aplicación. El caso podría convertirse en un precedente clave para miles de demandas similares pendientes en Estados Unidos.
La demandante, Jaylynn Dean, residente de Oklahoma, presentó la demanda en 2023, un mes después de la presunta agresión ocurrida en Arizona. Según su denuncia, Uber tenía conocimiento de una ola de agresiones sexuales cometidas por conductores de su plataforma, pero no adoptó medidas básicas para garantizar la seguridad de los usuarios.
Este juicio es el primero de más de 3.000 casos similares consolidados en una corte federal estadounidense y funciona como un llamado “caso piloto” o bellwether, cuyo veredicto podría influir en posibles acuerdos o resoluciones globales del resto de las demandas. El resultado también podría tener un impacto significativo en las finanzas de la empresa y en su relación con reguladores e inversionistas, atentos a su historial de seguridad.
Uber sostiene que no debe ser considerado responsable por los actos criminales de los conductores que utilizan su plataforma. La compañía argumenta que los conductores son contratistas independientes y que, aun así, no puede responsabilizarse por conductas que están fuera del alcance razonable de sus funciones. Además, afirma que sus controles de antecedentes y políticas de divulgación son adecuados.
De acuerdo con la demanda, Dean se encontraba intoxicada cuando solicitó un Uber para trasladarse desde la casa de su novio hasta un hotel. Durante el trayecto, el conductor habría hecho preguntas de carácter sexual, para luego detener el vehículo y agredirla sexualmente.
Un portavoz de Uber declaró antes del juicio que la empresa toma muy en serio cada denuncia de agresión sexual y que continúa invirtiendo en nuevas tecnologías para prevenir daños. “La seguridad es fundamental para Uber y nuestro compromiso de proteger a las personas en la plataforma no se detendrá”, señaló.
Además de los casos federales, Uber enfrenta más de 500 demandas adicionales en tribunales estatales de California. En el único juicio celebrado hasta ahora en ese estado, un jurado determinó que Uber fue negligente en las medidas de seguridad, pero que dicha negligencia no fue un factor determinante en el daño sufrido por la demandante.
La empresa ha sido objeto de múltiples controversias relacionadas con la seguridad, incluyendo críticas por la verificación de conductores y acusaciones de priorizar el crecimiento sobre la protección de los pasajeros. En respuesta, Uber ha impulsado medidas como la verificación de viajes en la aplicación, grabación de audio y video, detección de anomalías y colaboraciones con organizaciones de apoyo a sobrevivientes.
El juez federal Charles Breyer rechazó recientemente un intento de Uber por retrasar el juicio, permitiendo que el proceso continúe según lo previsto.
