Phoenix, Arizona.– Uber Technologies enfrenta esta semana un juicio en un tribunal federal de Arizona por una demanda presentada por una usuaria que asegura haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un conductor contratado a través de la plataforma. El caso es considerado clave, ya que podría marcar el rumbo de más de 3,000 demandas similares pendientes en tribunales federales de Estados Unidos.
La demandante, Jaylynn Dean, residente de Oklahoma, interpuso la querella en 2023, apenas un mes después del presunto ataque ocurrido en Arizona. Según su denuncia, Uber tenía conocimiento de un patrón de agresiones sexuales cometidas por conductores que operaban mediante su aplicación, pero no adoptó medidas suficientes para proteger a los pasajeros.
El juicio representa la primera gran prueba judicial de la estrategia de Uber para limitar su responsabilidad legal por los presuntos delitos cometidos por conductores que utilizan su plataforma. El veredicto podría servir como un caso “piloto” (bellwether) y utilizarse como referencia para definir el valor de posibles acuerdos o resoluciones globales del resto de los litigios.
Analistas señalan que el resultado del proceso podría tener un impacto significativo en las finanzas de la compañía, así como en su relación con reguladores e inversionistas que han seguido de cerca el historial de seguridad de la empresa.
Uber sostiene que no puede ser responsabilizada por actos criminales cometidos por conductores, argumentando que estos son contratistas independientes y que, independientemente de su clasificación laboral, la empresa no puede responder por acciones que estén fuera del ámbito razonable de sus funciones. Asimismo, afirma que sus procesos de verificación de antecedentes y sus políticas de divulgación de incidentes son adecuados.
En un comunicado previo al inicio del juicio, un portavoz de Uber aseguró que la empresa toma muy en serio todas las denuncias de agresión sexual y que continúa invirtiendo en tecnología para prevenir daños.
“La seguridad es fundamental en Uber y nuestro compromiso de proteger a las personas en la plataforma no se detendrá”, afirmó.
De acuerdo con la demanda, Dean se encontraba intoxicada cuando solicitó un Uber para trasladarse desde la vivienda de su novio hasta su hotel. Durante el trayecto, el conductor habría realizado preguntas de carácter sexual antes de detener el vehículo y agredirla, según se detalla en el expediente judicial.
Además de los casos federales, Uber enfrenta más de 500 demandas adicionales en tribunales estatales de California. En el único juicio celebrado hasta ahora en ese estado, un jurado determinó que la empresa fue negligente en sus medidas de seguridad, aunque concluyó que dicha negligencia no fue un factor determinante en el daño sufrido por la demandante.
La compañía ha sido objeto de reiteradas controversias relacionadas con la seguridad, incluyendo críticas por la verificación de conductores y acusaciones de priorizar el crecimiento empresarial sobre la protección de los usuarios. En respuesta, Uber ha implementado funciones como la verificación de viajes en la aplicación, grabaciones de audio y video, detección de anomalías y alianzas con organizaciones de apoyo a sobrevivientes.
Uber intentó retrasar el juicio alegando que una campaña publicitaria de los abogados de Dean había influido indebidamente en el jurado, al afirmar que la empresa recibía reportes de delitos sexuales cada ocho minutos. Sin embargo, el juez federal Charles Breyer rechazó la solicitud y autorizó que el proceso judicial continúe.
