La decisión más reciente del gobierno del presidente Donald Trump de suspender trámites migratorios y solicitudes de asilo ha provocado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que acusan a la administración de utilizar a inmigrantes y solicitantes de asilo como chivos expiatorios en un clima político marcado por discursos hostiles y medidas cada vez más restrictivas.
Human Rights Watch (HRW) señaló este miércoles que las nuevas políticas —que detienen completamente los procesos migratorios para ciudadanos de 19 países y suspenden todos los casos de asilo pendientes— carecen de fundamentos de seguridad y, en cambio, son impulsadas por animadversión y criterios discriminatorios.
Una suspensión migratoria de alcance inédito
La medida afecta a personas provenientes de Afganistán, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Myanmar, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen. Estos países ya figuraban en versiones anteriores de la lista de restricciones migratorias del gobierno, pero la nueva acción amplía radicalmente el alcance de la suspensión: no solo frena visas y permisos, sino también procesos de residencia, ciudadanía y solicitudes humanitarias.
Además, se impone una pausa general a todas las solicitudes de asilo en curso, independientemente del país de origen del solicitante.
HRW sostiene que esta suspensión masiva no responde a razones legítimas de seguridad nacional. “Nada vincula realmente a los 19 países entre sí, salvo la estigmatización oportunista que hace la administración en función del lugar de nacimiento”, afirmó Tanya Greene, directora del Programa de Estados Unidos para Human Rights Watch. “Este cambio no tiene que ver con mantener seguro al país, sino con convertir a nacionalidades enteras en chivos expiatorios para justificar políticas discriminatorias”.
Contexto: un ataque mortal y una escalada política
La decisión se anunció pocos días después de un incidente ocurrido el 26 de noviembre en Washington, D.C., cuando un inmigrante afgano fue acusado de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional, causando la muerte de uno de ellos. Aunque el caso aún se encuentra bajo investigación, el presidente Trump reaccionó anunciando que buscaría “pausar permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo”. También realizó comentarios despectivos hacia comunidades somalíes, lo que generó críticas por incitar prejuicios raciales.
HRW considera que las nuevas restricciones se inscriben en esta retórica. Según la organización, el gobierno no ha presentado evidencia de que las personas provenientes de esos 19 países —ni los solicitantes de asilo en general— representen riesgos superiores a los de otras nacionalidades.
Para la entidad, la medida revive y amplía la lógica del antiguo “veto musulmán” de la primera administración Trump, ampliamente cuestionado en tribunales y por la comunidad internacional.
Preocupación por obligaciones internacionales y consecuencias humanas
La suspensión de los procesos de asilo viola, según HRW, compromisos fundamentales del país bajo el derecho internacional, que establece la obligación de permitir que las personas que huyen de persecución soliciten protección.
Estas políticas, advierte Greene, “partirán familias, pondrán en peligro a personas que buscan refugio y dañarán aún más la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos”.
Organizaciones de apoyo a inmigrantes han alertado que miles de personas que esperaban regularizar su estatus o recibir protección humanitaria ahora quedan atrapadas en un limbo legal, sin claridad sobre cuándo —o si— se reactivarán sus casos.
Preocupaciones internas y un debate que se intensifica
El anuncio ha generado reacciones en el Congreso, entre juristas y en la comunidad internacional. Expertos señalan que la suspensión masiva podría enfrentar impugnaciones constitucionales por discriminación basada en nacionalidad, además de desafíos por violar estatutos federales que regulan el asilo.
A su vez, defensores de inmigrantes temen un aumento del discurso de odio y la estigmatización, especialmente hacia comunidades originarias de países predominantemente africanos, musulmanes o latinoamericanos, que ya han enfrentado tensiones y vigilancia reforzada durante los últimos años.
La administración Trump no ha respondido a preguntas sobre la duración prevista de la suspensión, ni sobre si planea añadir más países a la lista.
Un clima tenso y un futuro incierto
Mientras el anuncio continúa generando reacciones, miles de personas cuyos trámites han quedado congelados se enfrentan a un futuro incierto. Para quienes buscaban asilo, la suspensión puede significar la diferencia entre recibir protección o quedar expuestos a la persecución en sus países de origen.
Human Rights Watch exige la revocación inmediata de las medidas y urges a EE.UU. a “retomar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y restaurar un proceso migratorio que trate a las personas con dignidad y sin discriminación”.
