Las recientes redadas migratorias ejecutadas por la administración del presidente Donald Trump han convertido a Carolina del Norte en el nuevo epicentro del debate nacional sobre inmigración, a la vez que avivan tensiones políticas a un año de las elecciones legislativas de 2026.
Durante esta semana, agentes federales realizaron operativos en Charlotte, Raleigh y otras ciudades del estado, deteniendo a más de 370 personas, según el Departamento de Seguridad Nacional. Aunque el Sheriff del condado de Mecklenburg aseguró que el operativo en Charlotte había concluido, autoridades federales desmintieron esa afirmación, advirtiendo que las acciones “no terminarán pronto”.
Una comunidad paralizada por el miedo
Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes encapuchados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza irrumpiendo en vecindarios de mayoría hispana, incluso rompiendo las ventanas de un vehículo para extraer por la fuerza a su ocupante. Las imágenes han causado indignación, temor y movilizaciones en todo el estado.
“La gente está aterrorizada, está escondiéndose. Están furiosos por lo que está pasando en su propia comunidad y quieren respuestas”, declaró Susan Rodriguez-McDowell, comisionada demócrata del condado.
La ola de arrestos ha generado protestas espontáneas y ha llevado a que algunos comercios cierren sus puertas por miedo a operativos cerca de sus establecimientos. La Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte recuerda que en la región operan más de 8.000 negocios hispanos, responsables de un impacto económico de casi 13 mil millones de dólares al año. Muchos de ellos reportan una caída abrupta en la afluencia de clientes desde el inicio de las redadas.
A diferencia de otros estados históricamente demócratas que también han sido objetivo de redadas, como California e Illinois, Carolina del Norte es un territorio altamente competitivo. Trump ha ganado el estado en sus últimas tres campañas, y ahora tanto demócratas como republicanos ven en la intensificación del tema migratorio un factor capaz de inclinar el voto en 2026 —y, posiblemente, en la elección presidencial posterior.
Las tensiones, sin embargo, no surgieron esta semana. En verano, un intenso choque político enfrentó a legisladores republicanos y demócratas por un proyecto que obliga a los alguaciles locales a colaborar con las autoridades federales en la detención de inmigrantes. El gobernador demócrata Josh Stein vetó la medida, pero la legislatura republicana lo anuló.
Los republicanos presentaron la ley como un asunto de seguridad pública, mientras que los demócratas advirtieron que la norma podría derivar en “perfiles raciales” y ataques indiscriminados contra integrantes de comunidades inmigrantes.
La disputa migratoria también sacude la carrera para ocupar la vacante del senador republicano Thom Tillis. El exgobernador demócrata Roy Cooper lidera las encuestas frente a los republicanos Michael Whatley —respaldado por Trump— y Don Brown.
Los republicanos acusan a Cooper de promover políticas de “estado santuario” durante su mandato. Cooper respondió esta semana denunciando que la administración Trump está “arrestando gente al azar basándose en su apariencia, incluyendo ciudadanos estadounidenses y personas sin antecedentes criminales”.
El liderazgo republicano local sostiene lo contrario:
“No están recogiendo a gente que usted quisiera tener de vecino o recogiendo a su hijo en la escuela. En su mayoría son individuos que han cometido crímenes violentos”, afirmó Kyle Kirby, presidente del Partido Republicano en Charlotte.
Reuters no ha podido verificar los antecedentes criminales ni estatus migratorio de los arrestados.
Las encuestas muestran que el número de residentes que creen que “el estado va en la dirección equivocada” ha aumentado 20 puntos desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Expertos locales señalan que el tema migratorio podría beneficiar a los republicanos, pero también energizar a los votantes demócratas e hispanos que sienten que las redadas buscan intimidar a toda una comunidad.
“Tendremos una voz demócrata en cada comunidad explicando cómo el gobierno federal está dañándolas”, afirmó Anderson Clayton, presidenta del Partido Demócrata de Carolina del Norte.
Mientras tanto, los operativos continúan y las comunidades latinas permanecen en alerta. Entre el miedo, el enojo y la incertidumbre, muchos residentes aseguran que se aferran a una sola esperanza: que su voz, tanto en las calles como en las urnas, pueda frenar lo que consideran un ataque frontal a sus derechos y su dignidad.
