La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), en conjunto con 21 estados y el Distrito de Columbia, presentó el 15 de diciembre de 2025 una demanda enmendada contra Uber Technologies Inc. ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, acusando a la compañía de implementar prácticas comerciales injustas y engañosas relacionadas con la facturación y la cancelación de sus servicios de suscripción.
Esta acción legal representa una ampliación significativa de la denuncia original presentada en abril de 2025 únicamente por la FTC, y refleja un creciente consenso entre las autoridades federales y estatales sobre la necesidad de reforzar la protección de los consumidores frente a ciertos modelos de suscripción digital.
Cargos sin consentimiento y promesas incumplidas
De acuerdo con la demanda, Uber habría cobrado a consumidores por su servicio de suscripción sin contar con su consentimiento expreso, una práctica que, según las autoridades, viola principios básicos de transparencia y equidad comercial. Asimismo, la empresa es acusada de no cumplir con los beneficios prometidos a los usuarios, incluyendo supuestos ahorros económicos y tarifas de entrega de US$0, que en la práctica no siempre se habrían aplicado.
La denuncia también señala que Uber habría creado procesos confusos, extensos y difíciles de navegar para que los usuarios pudieran cancelar sus suscripciones, lo que habría provocado que muchos continuaran siendo cobrados incluso después de intentar dar de baja el servicio.
Violaciones a leyes federales y estatales
Las autoridades sostienen que estas prácticas violan múltiples marcos legales, entre ellos la Ley de la Comisión Federal de Comercio (FTC Act), diversas leyes estatales de protección al consumidor, y la Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA). Esta última establece que los comercios en línea deben:
- Divulgar de forma clara y visible los términos del servicio
- Obtener el consentimiento informado del consumidor antes de realizar cargos
- Ofrecer un método simple y accesible para cancelar suscripciones recurrentes
Según la demanda, Uber no habría cumplido de manera consistente con estos requisitos, exponiendo a millones de usuarios a cargos no autorizados y limitando su capacidad de controlar sus propios pagos.
Sanciones y medidas correctivas
La FTC y los estados demandantes solicitan medidas monetarias e injuntivas, que incluyen multas civiles, compensaciones económicas a los consumidores afectados y daños legales, así como órdenes judiciales que obliguen a Uber a modificar sus prácticas comerciales, mejorar la transparencia de sus servicios y garantizar procesos de cancelación claros y sencillos.
Las autoridades subrayaron que el objetivo de la demanda no es únicamente sancionador, sino también preventivo, con el fin de evitar que estas prácticas continúen afectando a los consumidores en el futuro.
Un caso de alto impacto para la economía digital
El caso contra Uber se produce en un contexto de mayor escrutinio regulatorio sobre las grandes plataformas tecnológicas y los modelos de suscripción automática, cada vez más comunes en la economía digital. En los últimos años, la FTC ha incrementado sus acciones contra empresas que utilizan diseños confusos, conocidos como dark patterns, para inducir a los usuarios a aceptar cargos o dificultar la cancelación de servicios.
Expertos en protección al consumidor señalan que este proceso judicial podría sentar un precedente clave para otras compañías tecnológicas que operan en Estados Unidos, obligándolas a revisar sus políticas de cobro, consentimiento y cancelación.
Respuesta de Uber y próximos pasos
Hasta el momento, Uber no ha emitido una respuesta pública detallada sobre la demanda enmendada. El proceso judicial continuará en los próximos meses, y su resultado podría tener implicaciones significativas tanto para la empresa como para el conjunto del sector de servicios digitales basados en suscripción.
Mientras tanto, la FTC reiteró su compromiso de hacer cumplir de manera estricta las leyes de protección al consumidor, enviando un mensaje claro a las empresas: la transparencia, el consentimiento y la facilidad de cancelación no son opcionales, sino obligaciones legales.
