Uber Technologies enfrenta su primer juicio federal de gran magnitud relacionado con denuncias de agresión sexual cometidas por conductores de su plataforma, un proceso legal que podría influir en el desenlace de más de 3,000 demandas similares presentadas por mujeres en todo el país.
El juicio, que inició esta semana en Arizona, gira en torno al caso de Jaylynn Dean, una pasajera que acusa a la empresa de no haber implementado controles adecuados para prevenir abusos por parte de conductores. Un juez federal rechazó la solicitud de Uber para aplazar el proceso, permitiendo que el caso avance según lo programado.
Las demandas sostienen que Uber falló en la verificación de antecedentes de sus conductores, así como en la implementación de políticas efectivas de prevención y capacitación contra el acoso y la agresión sexual. Según los documentos legales, estas omisiones habrían permitido que personas potencialmente peligrosas accedieran a la plataforma.
Por su parte, Uber ha defendido su historial de seguridad, afirmando que el 99.9 % de los viajes realizados en 2021 y 2022 concluyeron sin reportes de incidentes de seguridad. Sin embargo, la propia empresa reconoció que durante ese período se registraron 2,717 casos de agresión sexual o conducta inapropiada, lo que equivale aproximadamente a un incidente por cada 700,000 viajes.
Dado el enorme volumen de trayectos que maneja la compañía anualmente, las cifras han reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de transporte y la suficiencia de sus protocolos de seguridad. Las querellas legales también señalan la falta de entrenamiento específico para los conductores en materia de prevención del acoso sexual.
Este juicio es el primero de seis casos piloto, conocidos como test cases, cuyo resultado podría sentar precedentes legales importantes y determinar si Uber opta por llegar a acuerdos económicos con las víctimas en los miles de casos pendientes.
La congresista Debbie Dingell, demócrata por Michigan, criticó duramente a la compañía, afirmando que Uber no ha realizado las actualizaciones necesarias en sus políticas para proteger a los usuarios. En un comunicado, señaló que la falta de acciones efectivas ha derivado en agresiones que, según ella, pudieron haberse evitado.
Dingell también destacó que las consecuencias de estos ataques van más allá de las lesiones físicas, mencionando impactos psicológicos a largo plazo como depresión, ansiedad e ideación suicida, los cuales pueden afectar profundamente la vida personal, laboral y social de las sobrevivientes.
El resultado del juicio en Arizona será observado de cerca por abogados, reguladores y defensores de los derechos de las víctimas, ya que podría redefinir la responsabilidad legal de Uber y otras plataformas tecnológicas frente a la seguridad de sus usuarios.
