Cuatro de las principales aplicaciones de taxis de Estados Unidos han sido demandadas de forma colectiva bajo acusaciones de haber participado en un esquema anticompetitivo junto a Uber con el objetivo de fijar precios y reducir la competencia en el mercado de transporte bajo demanda. Las compañías señaladas en la demanda son Curb Mobility, Creative Mobile Technology —operadora de la plataforma de pagos Verifone Taxi Solutions—, Arro y Flywheel Technologies.
La acción legal fue presentada el lunes 24 de noviembre ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York y se fundamenta en presuntas violaciones de la Sección 1 de la Ley Sherman, que prohíbe los acuerdos que restrinjan la libre competencia en los mercados estadounidenses. Según la denuncia, las cuatro empresas habrían establecido desde 2022 una serie de acuerdos horizontales con Uber que permitieron integrar la tecnología de solicitud de taxis dentro de la propia aplicación de la multinacional, modificando radicalmente la dinámica competitiva entre taxis tradicionales y servicios de transporte como UberX.
Una integración tecnológica bajo sospecha
Los acuerdos entre Uber y las aplicaciones demandadas fueron presentados públicamente como una alianza estratégica orientada a brindar más opciones de movilidad a los consumidores y nuevas oportunidades de negocio a los conductores de taxi. La integración permitía que cualquier usuario de Uber pudiera solicitar un taxi convencional desde la app con un solo toque, utilizando la infraestructura tecnológica de las plataformas demandadas.
Sin embargo, la demanda sostiene que la realidad fue distinta: lejos de facilitar la competencia, los acuerdos habrían tenido como efecto la homogeneización de precios entre los taxis tradicionales y el servicio UberX. La denuncia alega que los viajes de taxi solicitados a través de la aplicación de Uber —pero operados por los sistemas de las empresas demandadas— pasaron a tener tarifas idénticas o casi idénticas a las de UberX, un fenómeno que, según los abogados de los demandantes, representa un caso claro de fijación de precios.
Previo a 2018, los taxis tradicionales en ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco habían experimentado una caída en su competitividad debido a la rigidez de los sistemas de tarifas reguladas. Con la llegada de Uber y otras plataformas, la diferencia en precios y la flexibilidad de tarifas dinámicas dejaron a los taxis en clara desventaja. Sin embargo, varios estados y municipios comenzaron a introducir reformas regulatorias para permitir que los taxis utilizaran apps con precios anticipados y mayor flexibilidad tarifaria, abriendo un espacio de competencia significativa con Uber.
La demanda argumenta que estas reformas estaban comenzando a generar beneficios tangibles para los consumidores, como reducciones en los precios, mejores tiempos de espera, mayor transparencia y un aumento en las posibilidades de elección. No obstante, el acuerdo entre Uber y las cuatro plataformas de taxis habría revertido este escenario competitivo, creando un entorno donde los taxis dependían de Uber para acceder al mercado digital, sacrificando su capacidad de establecer tarifas diferenciadas.
Un efecto expansivo en todo el país
Los abogados que representan al grupo de demandantes aseguran que los efectos de los acuerdos se han extendido por múltiples mercados locales. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Nueva York, Washington D. C., Chicago, San Francisco, Boston y Seattle, aunque la denuncia indica que el modelo se replica cada vez en más jurisdicciones.
El demandante principal, Brendan Kretschmer, residente de Nueva York, afirma haber utilizado la aplicación de Uber para solicitar taxis en diversas ocasiones entre 2022 y 2025, periodo en el que habría estado expuesto a los precios presuntamente manipulados. Representado por los bufetes Freedman Norman Friedland y Don Bivens, Kretschmer encabeza una clase de consumidores que será dividida en subclases regionales, dependiendo del mercado local donde se habría producido la conducta anticompetitiva.
La estrategia legal de Uber: presente, aunque no demandada
La exclusión de Uber como demandada en este litigio ha generado debate, pero para los especialistas en derecho tecnológico y competencia no resulta un hecho inesperado. Durante años, Uber ha protegido eficazmente su posición frente a demandas colectivas mediante cláusulas de arbitraje que obligan a los usuarios a resolver disputas fuera de los tribunales y prohíben explícitamente unirse a acciones colectivas. Estas cláusulas han sido validadas repetidamente por tribunales federales, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que ha blindado a la compañía frente a numerosos litigios de consumidores.
Aun así, Uber continúa lidiando con numerosos problemas legales. Hace apenas una semana, recibió una advertencia formal de la fundación Worker Info Exchange, que acusa a la empresa de violar normativas europeas de protección de datos. A inicios de mes, la compañía fue demandada colectivamente en California por supuesta discriminación contra conductores hombres derivada de su programa de preferencia para pasajeras, una iniciativa diseñada para mejorar la seguridad de las mujeres usuarias y conductoras. La demanda argumenta que este programa infringe la Ley de Derechos Civiles Unruh.
Además, Uber se encuentra en medio de un macro-litigio multidistrital (MDL) que agrupa a más de 2.700 personas en 30 estados, todas con acusaciones de agresión sexual por parte de conductores que operaban dentro de la plataforma. Este caso continúa creciendo y se ha convertido en uno de los mayores desafíos legales de la empresa en los últimos años.
Lo que está en juego
Si los demandantes logran demostrar la existencia de acuerdos anticompetitivos, las cuatro aplicaciones enfrentan posibles sanciones económicas millonarias, la obligación de revisar o deshacer sus acuerdos con Uber y, potencialmente, cambios estructurales en la forma en que los taxis se integran con las plataformas de movilidad. También podría abrirse la puerta a un escrutinio regulatorio más amplio de las alianzas entre plataformas tecnológicas y proveedores tradicionales de transporte.
Por ahora, ninguna de las empresas demandadas ha emitido comentarios públicos sobre el caso. Se espera que en las próximas semanas el tribunal comience a evaluar las primeras mociones, mientras expertos anticipan que este litigio podría sentar un precedente importante en la intersección entre la economía digital y los mercados regulados de transporte.
