ST. PETERSBURG, Florida — 1 de diciembre de 2025. Florida se ha convertido en el foco principal de atención en torno a las muertes de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que registros federales confirmaran que seis de las 18 muertes ocurridas en todo Estados Unidos durante 2025 han tenido lugar en instalaciones del estado. Esto representa un tercio del total nacional, una proporción que ha despertado preocupación en amplios sectores, especialmente ante las inconsistencias detectadas en los reportes oficiales.
Aunque ICE mantiene un registro público de fallecimientos, la agencia ha sido cuestionada por no actualizarlo de manera oportuna. El último caso reflejado en su sistema corresponde al 22 de septiembre de 2025, lo que deja fuera la muerte de Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, quien falleció en Dallas a finales de ese mes tras ser baleado mientras estaba bajo la supervisión del personal de ICE. Esta ausencia confirma que la cifra de 18 fallecidos podría aumentar cuando se complete la actualización.
Según datos revisados por 10 Tampa Bay News, 2020 fue el año más mortal tanto en Florida como en el resto del país. En plena pandemia, las muertes en custodia de ICE ascendieron a 21 en todo Estados Unidos, de las cuales tres ocurrieron en Florida. En comparación, los años siguientes tuvieron cifras menores, aunque la tendencia ha vuelto a intensificarse en 2025, elevando nuevamente las alarmas sobre las condiciones en los centros de detención.
Las muertes registradas por año, según archivos públicos de ICE, han sido las siguientes:
- 2018: 6 en EE. UU.
- 2019: 8 en EE. UU.
- 2020: 21 en EE. UU., 3 en Florida
- 2021: 5 en EE. UU.
- 2022: 3 en EE. UU.
- 2023: 4 en EE. UU.
- 2024: 12 en EE. UU., 1 en Florida
- 2025: 18 en EE. UU., 6 en Florida (hasta la fecha)
Estas cifras, además de mostrar fluctuaciones significativas, han reavivado las discusiones sobre las condiciones médicas, el acceso a atención de emergencia, la supervisión interna y la adecuación de los protocolos en los centros de ICE, particularmente en estados donde la cooperación entre autoridades locales y federales es más estrecha.
Florida, en este sentido, ha reforzado su relación con el gobierno federal. Durante octubre, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió públicamente las alianzas entre ICE y las agencias policiales locales del estado, destacándolas como un modelo que —según dijo— debería ser replicado en todo el país para avanzar en los objetivos migratorios de la administración del presidente Donald Trump.
En septiembre, ICE anunció que Florida recibiría más de 38 millones de dólares para respaldar sus actividades bajo el programa 287(g), el cual permite que agentes locales actúen como oficiales facultados para identificar, detener y transferir a inmigrantes bajo sospecha de violar leyes migratorias. Tan solo en la región de Tampa Bay, los departamentos de alguaciles solicitaron 1.9 millones de dólares en subvenciones adicionales para ampliar su participación en operativos migratorios.
Paralelamente, surge preocupación por la falta de supervisión pública. Registros revelan que ICE no ha publicado informes de inspección de instalaciones desde 2022, dejando un vacío informativo sobre la condición actual de los centros donde se encuentran miles de inmigrantes detenidos cada año. Estas inspecciones históricamente evalúan aspectos críticos como salubridad, seguridad, acceso médico, procedimiento disciplinario y manejo de crisis.
Expertos en derechos humanos advierten que la combinación de aumento en fondos, incremento en detenciones, falta de transparencia y una cifra elevada de muertes forma un patrón que merece investigación profunda. Organizaciones civiles recuerdan que muchas de las muertes en custodia están asociadas a fallos en la atención médica, demoras en la respuesta de emergencia o incidentes violentos dentro de las instalaciones, factores que podrían ser identificados y corregidos si las evaluaciones de los centros fueran públicas y regulares.
Por su parte, familiares de inmigrantes detenidos en Florida han expresado temor y desconfianza sobre lo que ocurre detrás de las puertas de los centros. Algunos grupos comunitarios también han pedido al Congreso una revisión independiente de los procedimientos internos de ICE, así como la publicación inmediata de los reportes atrasados.
Mientras tanto, la agencia continúa procesando miles de detenciones cada mes en Florida, uno de los estados con mayor infraestructura migratoria del país. Con un año que ya representa la cifra más alta de muertes en centros floridanos desde que existen registros modernos, tanto defensores como legisladores insisten en la necesidad de mayor transparencia, auditorías externas y supervisión continua para evitar que estas cifras sigan creciendo.
